Laura, una estudiante de un profesorado que vive a más de cien kilómetros de Junín y cursa en el Instituto de Educación Superior 129, busca alquilar desde hace varios días, pero en cada consulta, obtiene una respuesta unívoca: “Hasta que no esté la nueva ley, no estamos alquilando”. Por eso, va y viene a diario para poder cursar sus estudios.
El de Laura es solo un caso de muchos otros estudiantes y familias que por estos días encuentran dificultades para alquilar, una problemática que, si bien existe desde hace varios años, se potenció a partir del anuncio del Gobierno nacional sobre una eventual suspensión o derogación de la actual ley de alquileres.
Los especialistas consultados por Democracia coincidieron en que la demanda supera ampliamente a la oferta, un fenómeno que viene in crescendo a partir de la pérdida de rentabilidad del mercado inmobiliario y el déficit habitacional.
Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de Junín, afirmó a Democracia: “La dificultad para alquilar, por la escasa disponibilidad de viviendas, ya se daba previo a esto que se ha comunicado, sobre las conversaciones para derogar la ley de alquileres, que trajo tantos efectos controvertidos, pero la realidad es que ya era de difícil tránsito”.
Y el profesional amplió: “Hoy, cuando aparecen estas noticias, sobre la posibilidad de una derogación, al tiempo que no se sabe cuál va a ser la legislación para adelante, aparece la incertidumbre. Por eso nosotros siempre manifestamos que debemos ser muy cautelosos a la hora de informar, los martilleros y corredores públicos de Junín estamos llevando tranquilidad a la ciudadanía respecto a que los que estaban por realizar un contrato, que lo sigan haciendo, bajo los regímenes establecidos por la ley 27.551, y en ese contexto se sigue trabajando”.
“Ahora, qué irá a hacer el Ejecutivo, qué va a pasar con los proyectos del oficialismo y la oposición, que salieron de la comisión bicameral oportunamente, ya es futurología”, ironizó.
“No se resuelve con una ley”
“Sabemos que la necesidad de la gente y el déficit habitacional no se resuelven con una ley. En la Argentina hay que resolver los problemas de base, como la alta inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, las paritarias pactadas a la baja”, dijo Di Palma.
Y agregó: “En este contexto devaluatorio, de pérdida del poder adquisitivo del asalariado, se hace muy difícil la locación, la renta y la disposición de bienes y activos inmobiliarios para la renta”.
“Tenemos que estar atentos a lo que marquen las nuevas disposiciones, si así se producen, y sino seguir trabajando y llevarle tranquilidad a la ciudadanía, tanto al que dispone de un inmueble para alquilar y al que quiere alquilar”, expresó.
“Mucha demanda, poca oferta”
“Hay mucha demanda y poca oferta. Se dificulta paulatinamente y lo que antes se podía resolver en una visita o en una semana, hoy, ante el pedido, se demora en conseguir departamentos de un ambiente o dos para un estudiante, o casas para una familia. La oferta es muy reducida con una alta demanda, situación que dificulta los plazos y los tiempos”, dijo.
Sobre eventuales cambios en la normativa, afirmó: “Estamos expectantes de ver cómo se resuelve. Entendemos que es un tema sensible, se deberían tomar en consideración todas las voces”.
¿Un vacío legal?
Por su parte, el martillero Hernán Pietrobón afirmó a este diario: “Derogar implica volver al estado inmediato anterior. Legalmente la ley que nos regía hasta antes de la 27.571 era el Código Civil y Comercial reformado en 2015. Los nuevos contratos que se celebren a partir del 6 de abril, si es que la derogación no implica una suspensión de esta ley, tenemos que regirlos con el viejo Código Civil y Comercial”. Y agregó: “Yo creo que suspender la ley por un plazo sería una nueva problemática, porque es agregar un nuevo vacío legal”.
“Considero que es una buena medida derogarla, y no suspenderla, porque ha sido perjudicial para todas las partes y si volvemos a regir por el Código Civil y Comercial vamos a encontrar que tenemos una vigencia mínima de dos años para todos los contratos de locación”, estimó. Y amplió: “La forma de pactar los incrementos de los contratos queda supeditada al acuerdo de las partes y entonces ahí no hay conflicto”.
Frente a este escenario, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), sostuvo: "Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley".
El titular de Camesi consideró necesario que "los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes".
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